El 22 de febrero de 2026 fue localizado y abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo ejecutado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano. El general Trevilla informó que la operación comenzó el 20 de febrero con labores de inteligencia militar estadounidense para ubicar a un hombre cercano a la pareja sentimental del líder.

Según su cronología, tras confirmar su presencia en unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, el Ejército planeó el cerco. Durante el enfrentamiento murieron presuntos integrantes del grupo, se aseguraron armas y vehículos, y el líder resultó herido junto con dos escoltas. Fue evacuado por aire y murió durante el traslado a la Ciudad de México.

Este hecho debe entenderse como un fenómeno de gobernanza y no únicamente como un evento policial. Aquí resulta útil el marco de Benjamin Lessing en su trabajo The Logic of Violence in Criminal War (2012), donde analiza los casos de México, Colombia y Brasil. Me concentro en México, pero recomiendo ampliamente su lectura a los otros dos países.

Según Lessing, el objetivo central de un cártel no es tomar el poder estatal, sino limitar la acción del Estado para proteger sus mercados ilícitos y sus territorios. Por eso, la victoria decisiva no es posible ni deseable en términos clásicos: el conflicto se mueve en equilibrios estratégicos y la violencia es el activo para negociar. Ese activo tiene tres funciones: va contra el Estado para disuadir su intervención; hacia otros cárteles para controlar territorios y rentas y contra la población para ejercer dominio y extracción de recursos.

Lessing denomina crackdowns a los operativos intensivos del Estado contra estas organizaciones. Sus efectos no son lineales: pueden reducir o aumentar la violencia dependiendo de cómo el grupo perciba la amenaza y ajuste su estrategia. Especulo que a la presidenta no le avisaron, por eso su silencio ese día, pero en los hechos no puedo confirmar que así haya sido.

Los ataques posteriores a un operativo no suelen ser intentos de tomar el poder estatal; son mensajes destinados a influir en el comportamiento del Estado. Sin embargo, la expansión territorial del CJNG sí se aproximó a una forma de reemplazo funcional del Estado: cobro de piso, impartición de justicia, regulación de mercados y generación de empleo (ilegal).

Lessing advierte que eliminar al líder no elimina la violencia. Los nodos locales siguen operando para preservar el negocio. El CJNG operaba como una coalición de grupos locales bajo una modalidad cercana a franquicia. El liderazgo de El Mencho funcionaba como principio de cohesión y capturador de rentas de la marca, pero la estructura territorial no dependía exclusivamente de su figura.

Por ello, la eliminación del liderazgo genera tres posibles dinámicas: Competencia interna por control de rentas, fragmentación en células territoriales o intento de recentralización bajo nuevo mando. La intensidad de la violencia dependerá de la capacidad del Estado para imponer reglas durante la fase de reorganización, a eso es a lo que hay que estar atentos.

Tras el operativo, se registraron actos violentos en 25 estados: incendios, bloqueos y disparos. Jalisco, Nayarit y Guanajuato concentraron mayor intensidad. Esta reacción encaja con la lógica descrita por Lessing: la violencia es señal estratégica, como la quema a los Bancos del Bienestar y los narcobloqueos. No necesariamente buscan tomar el poder, sino demostrar capacidad residual y elevar el costo de intervención estatal. Sin embargo, lo que vimos con el cartel fue el intento más cercano de reemplazar al Estado.

México presenta una brecha persistente entre capacidad para generar operativos de captura y capacidad de acción en cada estado. Durante el sexenio de Calderón, la estrategia priorizó la confrontación directa (que es la única eficaz), con preponderancia de la Marina porque el ejecutivo no confiaba en el ejército. En Peña Nieto, la seguridad pública se reconfiguró institucionalmente para permitir que Osorio Chong, Secretario de Gobernación, acumulara capital político de cara a las elecciones de 2018, perdiendo continuidad estratégica. Con López Obrador, el programa se desarticuló por completo y las Fuerzas Armadas ampliaron funciones civiles. En los tres sexenios no hubo seguimiento a la política de seguridad.

El operativo reciente fue ejecutado por un grupo especial del Ejército, no de la Marina, en coordinación con Estados Unidos. Es un dato relevante y conviene tenerlo presente, porque redefinirá la estrategia de seguridad; un solo evento no confirma cambios como muchos lo quieren ver. Solo la repetición sistemática permitirá evaluar si existe modificación real en la política de seguridad o no.

Desde 2009 era visible una transición: organizaciones que pasaban de narcotráfico a sustitución parcial del Estado. Cuando un grupo controla coerción territorial, captura rentas y regula actividades económicas, deja de ser solo empresa ilícita y se convierte en actor paraestatal. Hay estados de la república más débiles para combatir que otros, por lo que tenemos un Estado capaz de enfrentar, pero no genera orden duradero. No lo fue en esos años con la ruptura del de Sinaloa con Beltrán Leyva, tampoco con el del Golfo y los Zetas. Y este, por el poder que acumuló en 10 años, se antoja más difícil.

Hay quienes insisten en que, el fenómeno se explica por la pobreza estructural, como lo afirmaron el sexenio pasado; otros que legalizar mercados eliminaría automáticamente a los cárteles, que Estados Unidos permite el flujo por conveniencia económica o que confrontar no es alternativa por la violencia que le sigue después. Todas estas son formas de anular la responsabilidad del Estado en esto.

Algunos se aventuran a decir que necesitamos un Bukele, los críticos de esto dicen que su modelo no puede aplicarse en México porque la geoeconomía nos condena — por la cercanía con Estados Unidos como principal consumidor y el tamaño del mercado que esto genera—. Debe quedar claro que dicho argumento convierte una condición en destino; que exista gran demanda explica por qué el negocio es rentable, pero no explica quién manda en el territorio ni que las dinámicas de ese país o su participación expliquen totalmente el fenómeno.

Además, otros afirman que en México siempre se aplicó un modelo punitivo, señalando que no hubo relajación en el sexenio de López, pero lo que se les pasa es que usar más fuerza no genera más orden porque no se ha dado seguimiento a lo que verdaderamente funciona de ese modelo: atacar frontalmente a estos grupos y aislándolos para evitar que crezcan. Esto se logra reduciendo rentabilidad de sus mercados (todos, no solo la droga), coordinando los niveles de gobierno con una policía civil que vaya escalando con sincronía hasta la federal y no abandonar esa secuencia. Y no es un modelo encarnado en una persona, es la lógica correcta de la intervención.

Capturar líderes muestra capacidad operativa, con o sin inteligencia de otros países; consolidar control y reducir violencia de forma sostenida es otra cosa. Esa diferencia es el verdadero problema pues hoy nos mete en una dinámica de fragmentación de este grupo que generará más violencia si no se les contiene eficazmente, ese es el peligro latente. Sin monopolio estatal de la coerción, la violencia seguirá siendo forma de negociación, como dice Lessing. No es tiempo de ilusiones, conviene confrontarlas con la realidad porque, en caso contrario, ella nos pondrá en nuestro lugar.